¿Podría un cargo criminal afectar su estatus migratorio?

Los cargos criminales no afectan a todas las personas de la misma manera. Para un ciudadano estadounidense, una noche irresponsable de borrachera y conducta desordenada podría resultar en pasar una noche desagradable en la cárcel. Sin embargo, para un inmigrante, un simple error podría poner en peligro todo su futuro en los Estados Unidos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes indocumentados como a los residentes legales permanentes.

El sistema trata a los inmigrantes de manera diferente porque, en caso de cargos penales, en realidad hay dos tribunales diferentes que se encargarán del caso: el tribunal penal y el tribunal de inmigración.

Obtener el apoyo legal adecuado

Si es un inmigrante que enfrenta cargos penales, probablemente sepa que tiene derecho a un abogado (de oficio) defensor publico. Sin embargo, el abogado de defensa criminal promedio solo se enfoca en el derecho penal, y no en la ley de inmigración. Podrían aconsejarle que acepte ciertos tratos o que haga ciertas súplicas para evitar ir a la cárcel o al juicio. Pero es posible que no tengan idea de que admitir ciertas cosas podría ponerlo en riesgo de deportación en la corte de inmigración.

Por eso es sumamente importante contratar a un abogado que comprenda el funcionamiento interno de los sistemas legales penal y de inmigración. Ellos pueden ayudarlo con:

●      Manejo de la comunicación con las autoridades de inmigración.

●      Comprender lo que puede significar para usted una declaración de culpabilidad o no impugnación

●      Evitar la condena desde un punto de vista migratorio y criminal

●      Evitar acciones que podrían resultar automáticamente en la deportación o la inadmisibilidad a los EE. UU.

●      Comprender el impacto de las retenciones de inmigración en su caso

●      Aprender cómo los acuerdos con la fiscalía podrían afectar su estatus migratorio

Enfrentar cargos criminales es un momento aterrador y que puede alterar la vida de cualquier inmigrante. Vale la pena conseguir un asesor legal adecuado para que lo apoye tanto en la corte penal como en la corte de inmigración.